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“La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ocupa el primer lugar en las matrices que tiene la Auditoría Superior del Estado (ASE) para determinar qué entes autónomos se van a fiscalizar”, señaló el diputado de Morena Marco Antonio Zazueta, secretario de la Comisión de Fiscalización, al señalar su opacidad.
Explicó que lo anterior es “por los montos que maneja y porque lleva más de 3 años que no ha sido auditada y no cumple con su obligación de presentar su informe de Cuenta Pública al Congreso”.
El legislador enfatizó que además de los procesos en curso existen denuncias ciudadanas específicas sobre los ejercicios 2019-2020-2021-2022 en los que la UAS tampoco permitió ser auditada.
De esta manera, dijo, se suman más de mil millones de pesos que no quieren transparentar y representan un daño a la Hacienda pública.
“Esos casos –advirtió- pueden llegar más rápido que el proceso del Congreso porque la auditoría específica tiene otra función y otro sentido, se detecta más rápido y no ocupas que el Congreso la apruebe o la desapruebe para detectar si hubo daño a la Hacienda”.
El legislador, quien también preside la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, y es vocal de las Comisiones de Cultura y Artes, así como de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana, aseveró: “Las auditorías son constitucionales, no es una persecución política que te quieran hacer una auditoría”.
Sobre el argumento que la UAS sostiene de que sólo la federación la puede auditar, porque no utiliza recursos estatales, el diputado Marco Antonio Zazueta replicó que los pagos que hacen los estudiantes a la UAS por concepto de servicios no es un recurso federal y un ente centralizado del Estado tiene que rendir cuentas por ese recurso.
Por ejemplo, dijo, el Gobierno del Estado obtiene anualmente 7 mil millones de pesos vía impuestos por calcomanías, placas y otros conceptos, y los Ayuntamientos obtienen recursos a través del predial, y nunca sucederá que se nieguen a ser auditados en esos recursos.
“¿Por qué la Universidad Autónoma de Sinaloa no tiene que ser auditada en los ingresos propios? ¿Por qué no lo quieren transparentar?”, cuestionó, al asegurar de que existe la sospecha que ahí es donde están las compras irregulares y lo peor del caso es que están quedando más evidenciados por la cancelación de facturas en dos días cuando está el juicio de vinculación a proceso del rector.
Sostuvo que el proceso en curso es por una denuncia donde una investigación detectó esas compras irregulares, pero falta el proceso que lleva la Auditoría Superior del Estado en torno a los 460 millones de pesos en los que la ASE podría interponer denuncia por daño a la Hacienda pública.
“Lo peor del caso es que se niegan como servidores públicos a rendir cuentas, quieren seguir administrando las universidades como se hacía en el pasado cuando ya la sociedad ya no está adaptada a ese sistema y exige cambios”, apuntó.
Aseguró que la sociedad está juzgando y ya no permite este tipo de “aberraciones” que existían en el pasado.
Opinó que las autoridades universitarias buscan victimizarse manifestando que son maltratados y perseguidos, pero simplemente se niegan a rendir cuentas como servidores públicos.
“Nosotros decíamos que eran 18 millones de pesos de tortillas y ellos dicen que eran 24 y también eran totopos. Hay una cancelación de última hora de facturas, las cuales son las que fueron señaladas para la denuncia. Entonces creo que están actuando como unos profesionales de la mafia dentro de la administración”, comentó.
Al cuestionarle sobre las facturas canceladas durante el proceso, el legislador reconoció que el sistema que tenían hace dos años lo permite, pero advirtió que el sistema ha ido mejorando y el 4.0 está “más duro” en ese sentido.
“Si ellos dicen que no gastaron tanto, que se dejen auditar. Una auditoría reflejaría realmente lo que ha sucedido en las compras irregulares. Se están evidenciando ante la sociedad y no quieren abrir las puertas de la UAS para ser auditados, juegan con el mensaje”, dijo.
“Lo único que va a determinar la realidad es una auditoría a las finanzas de los recursos de la UAS, mientras son puras palabras y dichos, no lo que la realidad es”, señaló.
“Como sociedad hemos cambiado y no podemos apropiarnos de los cargos pasajeros, en el caso de las rectorías de las universidades autónomas, no te quieras ir dejando todo acomodado para quien venga llegue sirviéndote a ti, y sirviéndose él”, comentó.
Sostuvo que se debe abrir democráticamente la elección de los rectores de la UAS y acusó que los Consejos Universitarios obedecen al rector y se integran en un 25 por ciento de estudiantes y en el 75 por ciento de maestros a los que nombra el rector.
Lo anterior, afirmó, es una disparidad y anula este órgano de toma de decisiones como contrapeso crítico sobre las acciones educativas, financieras y administrativas. “Ese no es su espíritu”, subrayó.
Precisó que la reforma que se impulsa a la Ley Orgánica de la UAS busca que el Consejo Universitario se integre en un 50 por ciento de estudiantes y en un 50 por ciento de maestros, así como la paridad de género.
“En la UAS quieren mantener la misma política antigua, no quieren trascender y tener 50 por ciento de mujeres directoras y 50 por ciento de hombres directores”, aseveró.
