Ley de Transparencia de Rocha Moya reduce obligaciones y amplía plazos, advierte Comité de Participación Ciudadana

Culiacán, Sinaloa.- Integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa se manifestaron en el Congreso del Estado y advirtieron retrocesos en la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia enviada por el gobernador Rubén Rocha Moya al Congreso del Estado.

Entre los puntos más preocupantes, el CPC señaló el incremento en los plazos de respuesta a las solicitudes de información: mientras la legislación vigente establece un máximo de 10 días, la propuesta del Ejecutivo lo amplía a 20, duplicando el tiempo de espera y debilitando el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Asimismo, el análisis detectó omisiones en las obligaciones de transparencia, como la exclusión de información relativa a bitácoras de vuelo, objetivos de traslado y nombres de tripulación y ocupantes, elementos que actualmente forman parte de la ley estatal. Esta reducción contraviene el principio de no regresividad en materia de derechos.

El CPC subrayó que la iniciativa del Ejecutivo replica la Ley General sin considerar las características locales, lo que eliminaría avances logrados por Sinaloa en materia de transparencia. También alertó sobre la falta de independencia operativa del organismo garante, propuesto como desconcentrado en lugar de descentralizado, y la ausencia de participación ciudadana en el sistema planteado.

Ante esta situación, el Comité se manifestó en el Congreso del Estado para exigir un análisis profundo y la apertura de un parlamento ciudadano. Recordó que la iniciativa ciudadana presentada por el CPC y otras organizaciones fue desechada por la Comisión de Protocolo el pasado 21 de abril, mientras que la propuesta del Ejecutivo recibió segunda lectura el 16 de abril y fue turnada a comisión.

Finalmente, el CPC advirtió que la reforma, de aprobarse en sus términos, limitaría la capacidad de los órganos internos de control municipales y reduciría las herramientas de combate a la corrupción, afectando directamente el derecho de acceso a la información en Sinaloa.

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