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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- Integrantes del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, encabezadas por Reynalda Pulido Chavira, irrumpieron este miércoles en el Congreso del Estado para exigir acciones urgentes en materia de búsqueda de personas y demandar la destitución inmediata de funcionarios a quienes acusan de negligencia, omisiones y malos tratos.
Durante la manifestación, Pulido Chavira y las familias presentes denunciaron la falta de atención institucional, la ausencia de resultados en la localización de personas desaparecidas y el trato indigno que, aseguran, han enfrentado durante años de búsqueda.
Entre sus principales exigencias se encuentra la destitución de la subsecretaria de Derechos Humanos, Patricia Figueroa, a quien señalan por presuntas amenazas, amedrentamiento, malos tratos y omisiones en el desempeño de sus funciones.
Asimismo, solicitaron la renuncia de la titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Karina Márquez, al considerar que existe una parálisis institucional y una acumulación de omisiones que han impedido avances significativos en los últimos cinco años.
Las manifestantes también señalaron a Fredy Cabrera por presuntas conductas de revictimización hacia las madres buscadoras y criticaron que las familias tengan que realizar colectas públicas en municipios como Mazatlán para financiar las búsquedas en campo y la recuperación de restos humanos, ante la falta de apoyo presupuestal por parte del Estado.
“Nuestros desaparecidos eran nuestros hijos. Ustedes hablan de un carro, yo hablo de mi familia. Es una vergüenza para el Estado que yo siga recuperando cuerpos con la Fiscalía y no hagan nada”, expresó una de las integrantes del movimiento.
Las madres buscadoras acusaron además el incumplimiento de compromisos por parte de la actual administración estatal y denunciaron que las puertas de las instituciones se les han cerrado. También afirmaron que se ha intentado imponer intermediarios para fragmentar y debilitar la organización del colectivo como asociación civil.
Finalmente, recordaron que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con la Ley General de Víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y diversos tratados internacionales relacionados con la protección de los derechos humanos, los cuales —aseguraron— no se están aplicando de manera efectiva en Sinaloa.
