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La posibilidad de un convenio bilateral en temas de seguridad entre México y Estados Unidos atraviesa una etapa delicada. La fuga de Zhi Dong Zhang, alias “Brother Wang”, operador chino relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, ha encendido las alertas en Washington y ha puesto en duda las negociaciones entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump.
Zhang, acusado de blanquear más de 150 millones de dólares y traficar más de mil kilos de cocaína, fentanilo y metanfetaminas, fue arrestado en Santa Fe, Ciudad de México. No obstante, un juez mexicano le otorgó prisión domiciliaria, medida que facilitó su escape a través de un boquete en la pared de su residencia en Cuajimalpa, pese a estar bajo la vigilancia de la Guardia Nacional. La evasión indignó a Sheinbaum, quien calificó el hecho como “una muestra de corrupción judicial” y denunció la resolución como “inaceptable para un caso de esta magnitud”.
Según The Wall Street Journal, la huida de Zhang no solo expuso vulnerabilidades institucionales, sino que también confirmó, desde la perspectiva de Washington, la penetración del crimen organizado en todos los niveles del gobierno mexicano. Autoridades estadounidenses advirtieron que este tipo de episodios podría justificar intervenciones militares unilaterales, como el uso de drones para destruir laboratorios de fentanilo o el envío de Fuerzas Especiales para detener a líderes del narcotráfico.
El mismo día de la evasión, Trump anunció la aplicación de aranceles a productos mexicanos no contemplados en el T-MEC, condicionando su cancelación a una ofensiva más severa contra el narcotráfico. Aunque se logró una prórroga tras una llamada entre ambos presidentes, los impuestos siguen vigentes: sobre el fentanilo, vehículos y materiales como acero, aluminio y cobre.
Sheinbaum declaró: “Tenemos el mejor acuerdo posible comparado incluso con las demás naciones. Evitamos el aumento de aranceles anunciado para mañana y logramos 90 días para construir un acuerdo de largo plazo a partir del diálogo”.
México ha fortalecido su colaboración con Estados Unidos. En una reunión de alto nivel en Washington, liderada por Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente, se pactó la extradición de varios jefes del crimen, incluyendo a Rafael Caro Quintero. México ha desplegado militares en la frontera norte, desmantelado laboratorios de drogas sintéticas y capturado a miles de presuntos integrantes del crimen organizado.
El convenio de seguridad, que está “prácticamente cerrado”, según Sheinbaum, se estructura en torno a cuatro pilares: respeto a la soberanía, intercambio de información de inteligencia, reducción del tráfico de armas y atención a las adicciones. En septiembre dará inicio una campaña nacional en planteles escolares para prevenir el consumo de fentanilo y metanfetaminas.
Durante su rueda de prensa matutina, Sheinbaum subrayó que “cooperación, sí; subordinación, no”. La presidenta ha sostenido encuentros con legisladores estadounidenses para tratar temas de migración, comercio y seguridad, y ha reiterado que México no permitirá la presencia de tropas extranjeras en su territorio.
El acuerdo económico y de seguridad representa una oportunidad para redefinir los vínculos bilaterales. No obstante, hechos como la fuga de Zhang y la presión constante de los cárteles reflejan los obstáculos estructurales que enfrenta el país. En palabras de The Wall Street Journal, “la infiltración del crimen organizado en todos los niveles del gobierno mexicano podría debilitar los intentos de mostrar control”.
Mientras transcurre el plazo de 90 días, ambos gobiernos trabajan a contrarreloj para consolidar un pacto que no solo detenga el tráfico de drogas, sino que también garantice la estabilidad económica y diplomática entre ambas naciones.
