No existe una sola razón laboral para el llamado a suspensión de clases por el SNTE 27

A la comunidad educativa sinaloense, a la opinión pública.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura tiene la obligación institucional de explicar a las madres, padres y tutores de Sinaloa, en primer lugar, sobre el llamado a la suspensión laboral unilateral a la que ha convocado la dirigencia sindical de la sección 27 del SNTE para los días jueves 10 y viernes 11 de marzo de 2022.

Lo hace por segunda semana consecutiva, sin existir una sola razón de carácter laboral para ese llamado, puesto que no se puede acreditar violación alguna a los derechos de maestras, maestros, o cualquier trabajador de la educación.

La suspensión convocada por la dirigencia sindical para el jueves 3 de marzo, como pudieron comprobarlo los padres y madres de familia, se rechazó por la gran mayoría de directores, maestros y maestras de la sección 27 –casi 8 de cada 10 planteles desarrollaron su jornada de manera normal.

Los mismos trabajadores se encargaron de comunicar en cada escuela, la urgencia de evitar cualquier incumplimiento al calendario escolar que daña el desarrollo de las actividades, hasta hoy complicadas por la pandemia.

Sepan esos maestros y maestras que seguirán teniendo el apoyo de la Secretaría de Educación Pública y Cultura para que, de nueva cuenta, desarrollen sus actividades privilegiando el interés superior de la niñez de Sinaloa.

Esos maestros y maestras saben, como deben conocerlo también los padres y madres de familia con hijos e hijas en el sistema educativo, que detrás del llamado a la suspensión hay únicamente una demanda de carácter político por parte de la dirigencia sindical del SNTE 27, que muchos maestros y maestras no comparten. Demanda política no demanda laboral, menos incumplimiento de un solo derecho de los trabajadores de la educación.

La SEPyC está obligada a explicarlo de manera directa a la comunidad educativa. Igualmente dejar claro que la relación del gobierno estatal y el sindicato no puede mantenerse como en el pasado. Los actores deben asumir el rol que legalmente le corresponde a cada uno.

Una demanda de carácter político no se puede confundir con una demanda laboral, menos presentarse como tal cuando no lo es. Los padres y madres de familia deben saber que sus hijos e hijas están con un magisterio al que se le cumple cabalmente con todos sus derechos, como prueba la gran mayoría de ellos laboraron sin interrupciones en el pasado llamado a la suspensión.

Son tiempos en que la sociedad sinaloense espera responsabilidad de los actores, la SEPyC revisará y atenderá cualquier circunstancia que pueda dañar el desarrollo educativo. En este momento la urgencia es por regresar a la presencialidad, no para llamados a la suspensión.

Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa

 

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