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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).-La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, a cargo de Omar García Harfuch, solicitó a una jueza federal retirar las medidas de protección de Guardia Nacional con que cuenta la diputada Paola Iveth Gárate Valenzuela, derivadas de una orden judicial.
De acuerdo con el comunicado de su representación jurídica, el pasado 1 de septiembre de 2026 la legisladora fue informada de la solicitud presentada el 27 de agosto ante la Jueza Cuarto de Distrito en Sinaloa, Mariana Arámburo Rojo, dentro del juicio de amparo indirecto 895/2026. Por el momento, la jueza negó la petición.
En la solicitud, la SSPC demanda la revocación de la suspensión de plano que ordenó a la Guardia Nacional y a diversas instancias del Gobierno de México, incluyendo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Harfuch, proporcionarle medidas de protección.
El argumento es que el Ministerio Público local en Sinaloa habría concedido medidas de protección a la diputada como víctima del delito, tras la amenaza de colocarse una corona funeraria en su domicilio con mensaje alusivo a su familia.
La defensa precisa que dichas medidas locales únicamente consisten en rondines aleatorios a domicilio y no se equiparan a un esquema de protección personal acorde al nivel de riesgo.
En un documento diverso dentro del mismo juicio, la propia Guardia Nacional elaboró una evaluación de riesgo que reconoce la necesidad de un esquema de seguridad personal permanente, sin embargo, solicita que no quede a cargo de esa autoridad sino de la Secretaría de Seguridad del Estado de Sinaloa.
“Resulta desconcertante e inverosímil que esa autoridad federal solicite poner en manos de autoridades de Sinaloa la seguridad de la Diputada, cuando ella ha denunciado continuamente la colusión entre ese gobierno y los grupos del crimen organizado”, señala el comunicado.
La representación jurídica hizo un llamado al Gobierno de México a cesar en los intentos por retirar el esquema de seguridad que resulta indispensable para la continuidad de sus actividades como servidora pública.
