Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).-El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en Sinaloa acusó la existencia de presunto “influyentismo y corrupción institucional” tras la asignación de un amplio esquema de seguridad de la Guardia Nacional a la senadora y coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación en Sinaloa, Imelda Castro Castro.
La coordinadora de la bancada panista en el Congreso del Estado, Roxana Rubio Valdez, junto con el director jurídico del Comité Directivo Estatal del PAN, Edgardo Burgos Marentes, informaron que se presentaron formalmente oficios dirigidos a la coordinación estatal de la Guardia Nacional para exigir la justificación y los fundamentos legales de dicha medida.
Roxana Rubio cuestionó que, mientras la ciudadanía sinaloense enfrenta un contexto continuo de violencia e inseguridad en municipios como Culiacán y Mazatlán, se destinen recursos públicos y elementos federales para resguardar a quien no se encuentra en periodo de campaña ni en calidad de candidata oficial.
“Le pedimos a la Guardia Nacional que nos diga en calidad de qué tiene escoltas la coordinadora de Morena. Ella no es candidata aún; si no está amenazada, que nos diga por qué trae escoltas mientras que muchos ciudadanos andan a la buena de Dios. Es un insulto a la ciudadanía”, manifestó la legisladora.
Por su parte, Edgardo Burgos Marentes detalló que, según evidencias y registros en video, el dispositivo asignado a la senadora consta de al menos 12 elementos y dos patrullas de la Guardia Nacional.
Precisó que este esquema no encuadra en ninguno de los supuestos normativos establecidos por la ley, como los mecanismos de protección para periodistas, defensores de derechos humanos, víctimas o personas bajo investigación judicial o en riesgo de vulnerabilidad.
Asimismo, Burgos Marentes aclaró que los protocolos interinstitucionales del Instituto Nacional Electoral (INE) y las fuerzas de seguridad pública únicamente aplican para candidaturas formales dentro de los plazos del proceso electoral, marco que aún no se encuentra vigente en la entidad.
“Estamos en presencia de corrupción institucional y de influyentismo. Un día fue nombrada coordinadora y al día siguiente ya traía la seguridad; esto se arregló con una llamada telefónica sin atender reglas ni evaluaciones de riesgo. Mientras las personas que realmente necesitan seguridad, como las madres buscadoras, se enfrentan a negativas institucionales, a la senadora se le asignó un dispositivo con una sola llamada”, señaló Burgos Marentes.
Entre las solicitudes planteadas formalmente por el PAN a la Guardia Nacional destacan identificar la autoridad que realizó y aprobó la solicitud de protección. Transparentar si se aplicó un análisis o estudio metodológico de riesgo real y específico sobre la senadora.
Precisar el número exacto de elementos, vehículos, infraestructura y presupuesto institucional asignados a este operativo de resguardo.
La representación del PAN enfatizó que mantendrán el seguimiento legal para que las autoridades federales den respuesta a los escritos presentados y expliquen el motivo de la asignación de dicho resguardo militar.
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