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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- Como una “ofensa para las familias de los policías y para la ciudadanía en general” calificó la diputada local Irma Moreno Ovalles la solicitud del Poder Ejecutivo del Estado de otorgar una pensión por retiro anticipado de más de 67 mil pesos mensuales a Alberto Jorge Contreras Núñez, ex jefe policiaco señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el crimen organizado.
La coordinadora del grupo parlamentario del PRI adelantó que el voto de su fracción será en contra de esta iniciativa enviada al Congreso del Estado.
“Es una ofensa para todas aquellas familias que siguen a la espera y también para la ciudadanía en general. Hay un señalamiento muy específico y puede ser hasta sospechoso el que en estos momentos se pida que se adelante (la pensión)”, advirtió la diputada.
Moreno Ovalles fustigó la celeridad con la que se pretende beneficiar al exmando policial mientras decenas de familias de agentes caídos en el cumplimiento de su deber llevan meses o años en listas de espera para recibir sustento básico.
Recordó que el presupuesto destinado a pensiones es específico y limitado, por lo que la cantidad de 67 mil 477 pesos mensuales asignada a Contreras Núñez en la propuesta del Ejecutivo podría emplearse mejor para cubrir las necesidades de tres o cuatro familias de policías que sirvieron con ética y profesionalismo.
“Nuestra prioridad va a estar en todo momento con las viudas, los huérfanos y los policías que están a la espera. Hay niños que quedaron en estado de orfandad porque sus padres dieron la vida por Sinaloa y que hoy no los vemos atendidos, pero en cambio viene y se recibe una pensión que es, a veces, hasta injusta”, reprochó.
Aunque en México no existe una orden de aprehensión o acusación formal en su contra, la diputada consideró preocupante que se ignore el contexto legal internacional del exfuncionario.
Al respecto, Irma Moreno precisó que, si bien se respeta el principio de presunción de inocencia y los derechos laborales, la sociedad sinaloense exige cuentas claras y no “premios económicos” envueltos en sospecha.
Como integrante de la Comisión de Hacienda Pública y Administración —órgano legislativo al que ya fue turnado el documento enviado por el Ejecutivo—, la legisladora aseguró que el PRI frenará la aprobación fast-track de este dictamen.
