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Culiacán, Sinaloa (Café Negro Portal).- Sara Bruna Quiñónez, la “jueza de hierro” que cobró notoriedad pública en los últimos años con los casos de las acusaciones de corrupción de funcionarios del gobierno malovista, anunció que tramitó ya su solicitud para retirarse laboralmente del Poder Judicial del Estado de Sinaloa.
A unas horas de que el gobernador electo Rubén Rocha Moya destape a su grupo principal de colaboradores para el próximo sexenio, el nombre de Sara Bruna se ha manejado tanto en espacios editoriales, notas periodísticas y en la opinión pública en general como una posible candidata a ocupar la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado e, incluso, hasta en la Fiscalía General de Justicia del Estado, si se concreta la renuncia de Juan José Ríos Estavillo.
Quiñónez Estrada se desentiende de tales aspiraciones, pero agradece y se siente halagada por el solo hecho de ser considerada.
“Que mi trabajo y mi manera de pensar y de hacer las cosas encuentre el respaldo de la opinión pública me ha dado mucho gusto y mucha satisfacción porque eso me indica que voy por la ruta correcta y me compromete a continuar haciendo las cosas, no bien, sino mucho mejor todavía”, enfatizó.
Sara Bruna cobró notoriedad pública hasta a nivel nacional por el manejo de los casos de corrupción de funcionarios del gobierno de Mario López Valdez, en concreto, en las secretarías de Salud y en la de Administración y Finanzas.
“Estamos hablando de millones, no puedo voltear y fingir”, fue su posicionamiento verbal que se publicó en múltiples medios de comunicación al final de uno de esos casos. “Estoy segura de que aquí hubo justicia selectiva”; “Me parece un asunto inmoral autorizarlo”, sentenció igualmente en otros.
Por ese desempeño atípico en las salas del Centro de Juzgados de la Zona Centro es que Quiñónez Estrada acaparó portadas. Y por tal motivo, en espacios editoriales se ha manejado como el perfil idóneo para la Secretaría de Transparencia del gobierno rochista.
De su trayectoria judicial, en al menos 10 años estuvo desempeñándose bajo la de Enrique Inzunza Cázarez, quien se perfila como secretario general de Gobierno del próximo sexenio y, por ende, encargado del gabinete de seguridad pública.
La “jueza de hierro” no sólo ha fungido como tal en casos de corrupción de la administración pública, también lo hace en casos diversos del fuero común como los delitos de violación, homicidios, robos, entre otros. Ese bagaje ha causado que su nombre se maneje para relevar a Ríos Estavillo como fiscal estatal, si es que este se retira del cargo, como lo manejo públicamente el propio gobernador electo Rubén Rocha Moya.
