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Culiacán, Sinaloa.- Un evidente abuso de autoridad por parte del Juez de Control Carlos Alberto Herrera se desarrolló durante la audiencia de este día para revisión de medidas cautelares en contra del doctor Jesús Madueña Molina, Rector Titular de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) separado temporalmente del cargo y del doctor Robespierre Lizárraga Otero, Encargado del Despacho de Rectoría, la cual se canceló sin fecha aún establecida ya que uno de los abogados defensores no contaba con toda la información necesaria para realizar una debida defensa.
De entrada el juzgador ignoró la solicitud del Representante Legal de la UAS, maestro Yamir de Jesús Valdez Álvarez, de reconocer a la Universidad como víctima en este proceso como lo estableció un juez federal sobre el amparo 1255/2023, también hizo caso omiso de tomar protesta a los asesores jurídicos victimales que llevaba la Casa Rosalina argumentando desconocimiento de la resolución de dicho amparo, negándose a imponerse de dicho documento, y luego de un insistente alegato ordenó un receso de 10 minutos para que Valdez Álvarez se retirara del lugar que ocupaba junto a los fiscales, lo cual obedeció.
Al reanudarse la audiencia el abogado defensor de Lizárraga Otero, Carlos Lorenzo Flores Ochoa, pidió diferir la audiencia porque en la audiencia del 6 de febrero donde le tomaron protesta solicitó un plazo razonable para conocer de la carpeta de investigación, que se le entregara la carpeta administrativa, unos CD´S y grabaciones en audio y video de las audiencias anteriores, incluso acudió ayer para que se le dieran y no fue así por lo que estaba impedido para realizar una adecuada defensa. La respuesta del Juez fue contundente “la audiencia no va reprogramarse”.
Aun cuando el abogado insistió en que hasta por escrito hizo las solicitudes y hasta el propio Robespierre Lizárraga le expuso que debería respetarse su derecho establecido en la Constitución de tener una debida defensa, el Juez de Control determinó llamar a un defensor público, el cual después de haber entrado a la sala fue llamado por personal del lugar y al regresar lo acompañaban otros tres abogados defensores de oficio.
Al reanudarse la audiencia y a pesar de que el Juez pareciera presionar a los abogados de oficio de que ya tenían la carpeta de investigación, éstos solicitaron que se difiriera la audiencia en un plazo razonable para imponerse de la carpeta.
Finalmente, el Juez programó audiencia para el 16 de febrero a las 14:00 horas para el nombramiento de la defensa particular de Robespierre Lizárraga y en esa audiencia dará fecha para continuar con la audiencia de revisión de medidas cautelares.
Al llegar a la Sede de Justicia Penal el doctor Madueña Molina lamentó las declaraciones del Gobernador en el sentido de que ha acumulado riquezas y de que se han robado 700 millones de pesos, expresó que solicitará a colegios de profesionistas que investiguen sus cuentas en el banco y la cantidad y costos de sus bienes inmuebles y que lo hagan público para desmentir al mandatario estatal.
“Lo que sí enoja es que diga que nos enriquecimos a costillas de la Universidad, si mi casa vale más que la de él se la cambio (…) y también le cambio mi carro por el que trae su hijo”, retó Madueña Molina.
Al salir de la audiencia calificó de indignante el comportamiento de los jueces que tienen urgencia por llevarlo a la cárcel, y comentó que le nació decirles a los abogados de oficio que defiendan a su Universidad y a esa águila que llevan el pecho porque en ella fueron formados.
“Desde aquí le decimos al Gobernador del Estado: NO VAMOS A PARAR EN LA DEFENSA de esta hermosa universidad y no vamos a permitir que el Congreso del Estado reforme la Ley Orgánica de la UAS a gusto y antojo del Gobernador, si se reforma tendrá que ser a gusto de la comunidad universitaria (…) estamos citados pasado mañana a otra audiencia y aquí vamos a estar, que el Gobernador no vea que tenemos miedo, siempre con el estado de derecho por delante”, enfatizó.
Por su parte el abogado defensor Milton Ayala Vega, expresó que la audiencia se vio como un capricho y evidenció que dos personas en el estado son los titiriteros del Poder Judicial, pero también se sorprendió de que hay gente honorable como los defensores de oficio que actuaron conforme a la Ley. Mientras que Lizárraga Otero informó que al Gobernador y a la Fiscalía la situación se les salió de control, pero gracias a la intervención del doctor Madueña que se puso al frente de los defensores públicos se logró diferir la audiencia.
